Los dos grandes ejes prioritarios del escenario socioeconómico actual son la globalización y el desarrollo sostenible. Este nuevo escenario (incrementa las oportunidades y las vulnerabilidades) conlleva una revisión de la gestión pública, el modelo clásico de función pública se encuentra sometido a una importante crisis y los poderes públicos se encuentran sometidos a una doble exigencia. De una parte, los ciudadanos demandan un incremento de servicios y una reducción de la presión fiscal que soportan. De otra parte, exigen que los servicios que presten las Administraciones Publicas sean de calidad. Al menos, de la misma calidad que se podría esperar si ese servicio público lo prestara una empresa privada. Esta doble exigencia, que a priori podrían ser consideradas como incompatibles, si no contradictorias, empieza a ser una práctica común en relación con nuestras Administraciones. Es más, el que se dé cumplimento a las mismas comienza a ser considerado por los ciudadanos y analistas de lo público como una referencia de eficacia y eficiencia. Por ello, cada día más, la opinión pública comienza a exigir a nuestras Administraciones un plus de legitimidad; a la legitimidad democrática obtenida en las urnas, se une la exigencia de llevar a cabo una gestión adecuada de los dineros públicos. Esto es, se comienza a exigir que los servicios públicos se presten de modo eficaz y eficiente, que el nivel de calidad de los mismos sea adecuado y que su costo sea razonable. De ahí que el gran reto de nuestras Administraciones Publicas para la próxima década no va a ser tanto el prestar mas servicios públicos como el de gestionar adecuadamente los existentes. Lo que realmente reclaman los ciudadanos a sus Administraciones Públicas es que mejore la prestación de los servicios. Esto es, una mayor calidad de los servicios públicos, un esfuerzo para avanzar hacia la excelencia.
Las propias instituciones han mostrado una baja capacidad de respuesta a esta demanda debido a la complejidad creciente y continua de la realidad:
Estructuras y procedimientos rígidos y jerárquicos característicos de la Administración pública.
Un elevado número de Administraciones en interacción con intereses muy diversos y con una distribución difusa de competencias entre ellas, que provoca una deslocalización de las causas y efectos de los problemas.
La existencia de una vida política profesionalizada tiene como inconveniente la supremacía de las lógicas de partido por encima de las lógicas sociales.
Falta de credibilidad general en la voluntad de los poderes públicos de resolver, especialmente, las problemáticas ambientales.
Ausencia de sistemas adecuados para que los ciudadanos expresen sus opiniones y preferencias sobre cuestiones concretas, ya que su rango de opciones en el momento de las elecciones se limita a diversos agregados ideológicos representados por los partidos. Esto cuestiona la transferencia de legitimidad a los representantes en relación con problemas concretos.
Es menor el nivel de presión ejercido por las organizaciones similares y próximas embarcadas en procesos de mejora continua,
El presupuesto y la disponibilidad de recursos depende de factores que no están ligados a la calidad con la que se ofrecen los servicios a los ciudadanos.
Sin embargo, el nuevo escenario socioeconómico demanda:
Gobiernos estratégicos y holísticos: no caben políticas sectoriales ni sistemas organizativos departamentales.
Abrir el espacio público al espacio social, ello da legitimidad y transparencia a la administración.
Decisión circulares “círculo deliberativo” entre actores sociales.
Responsabilidad no solo de la administración sino también de la ciudadanía: corresponsabilidad social.
Buena administración más participación social. Gobernanza no es igual a democracia pero es una necesidad de gestión en la nueva realidad socioeconómica. Este sistema busca la legitimidad participativa de actores.
No obstante, también se observa que el nuevo paradigma en que se inserta la llamada Nueva Gestión Pública(NGP), en su lucha contra el déficit público puede conllevar unos excesos en la reducción de los servicios públicos, a múltiples variantes de privatizaciones y a un retorno a un modelo liberal de las relaciones laborales. Por ello, ciertas características del modelo burocrático son imprescindibles para avanzar en una democracia. De hecho, las reformas de alto alcance mercantilizador pueden incrementar el riesgo de corrupción, fragmentación de gobiernos, déficit de coordinación. Por ello, las reformas del sector público deben incorporar no sólo la relación coste/calidad sino también una naturaleza constitucional/ética. Por ello, la primera medida que forma el marco en que se debería desarrollar toda estrategia pública sería la de mejorar la infraestructura ética a través de la educación, sensibilización y formación de todos los agentes sociales, ya que “La progresiva deslegitimación de la acción pública dificulta la actuación de las administraciones, las cuales requieren de la colaboración ciudadana para su plena eficacia”. (Villoria Mendieta, M. 2007). En suma se requiere:
Cambio de actitudes cotidianas y por tanto de mentalidad. No se puede llevar a cabo reformas de actitudes, con la agilidad y detalle que requiere cada caso, exclusivamente mediante medidas legislativas, fiscales, políticas, ni campañas informativas y educativas, sino que requiere de la implicación de la ciudadanía en el diseño, decisión, consecución y vigilancia de los planes, programas y acciones que se decida emprender. Para obtener ciertas actitudes deseables se necesita que la sociedad, además de ser consciente de los problemas locales y globales, adquiera una verdadera conciencia y para ello se requiere una implicación y un compromiso ético.
Obtención de información precisa. La obtención de información precisa, a pesar de los grandes avances tecnológicos e informáticos que permiten grandes aplicaciones y un gran ahorro de costes, no puede darse sin la participación. Los programas y actuaciones que se realicen no tendrán el éxito esperado si no poseen una información particularizada sobre las necesidades de la población y sus problemas concretos.
Un desarrollo de la participación ciudadana provoca que los planes y políticas emprendidas se sientan como propios y, por tanto, que los ciudadanos hagan un buen uso de las infraestructuras, servicios, etc. como si fueran propios, así como alertar a tiempo de los posibles contratiempos o desperfectos.
